PRESENTACIÓN
La Política Nacional del Ambiente se presenta a la ciudadanía en cumplimiento
del mandato establecido en el artículo 67º de la Constitución
Política del Perú y en concordancia con la legislación que norma las políticas
públicas ambientales. Esta política es uno de los principales instrumentos
de gestión para el logro del desarrollo sostenible en el país y ha
sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la Organización
de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones
internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental.
En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales,
ambientales y económicos de las políticas públicas y la satisfacción
de las necesidades de las actuales y futuras generaciones, la Política Nacional
del Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio, que
orienta las actividades públicas y privadas. Asimismo, esta política sirve
de base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental, la
Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión pública
ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las políticas
públicas establecidos por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y
estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. Conforma la política
general de gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las políticas
sectoriales, regionales y locales.
La presente política ha sido formulada sobre la base del análisis de la
situación ambiental del país, tomando en cuenta las políticas implícitas
y lineamientos que sustentaron la elaboración de planes y estrategias
nacionales en materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático,
residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros.
Asimismo, incluye los resultados del proceso de consulta pública descentralizado
efectuado por el Ministerio del Ambiente.
La Política Nacional del Ambiente como herramienta del proceso estratégico
de desarrollo del país, constituye la base para la conservación del
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable,
racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo
sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural
del ser humano, en permanente armonía con su entorno.
1. BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú reconoce que la persona es el fin supremo
de la sociedad y del Estado y privilegia el derecho fundamental a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo
2°, inciso 22). Del mismo modo, los artículos 66° al 69°, disponen
que el Estado debe determinar la Política Nacional del Ambiente, y que
los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la
Nación. Precisa que el Estado está obligado a promover la conservación
de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, en el territorio
nacional, así como el desarrollo sostenible de la Amazonía.
El Ministerio del Ambiente es el ente rector del Sector Ambiente y la autoridad
competente para formular la Política Nacional del Ambiente aplicable
a los tres niveles de gobierno, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1013 que aprueba la Ley de creación, organización y funciones
de este organismo.
La Política Nacional del Ambiente se estructura en base a la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, que por su jerarquía y su promulgación
posterior a la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, modifica la
definición de políticas nacionales estableciendo que éstas incluyen los
objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares
nacionales de obligatorio cumplimiento, para asegurar el normal desarrollo
de las actividades públicas y privadas.
Teniendo en cuenta que las políticas de Estado deben integrar las políticas
ambientales con las demás políticas públicas, la Política Nacional del
Ambiente se elabora en concordancia con lo dispuesto en la Ley General
del Ambiente y otras normas, tales como la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 26821,
Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales;
así como con los tratados internacionales suscritos por el país.
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2. FUNDAMENTOS
El Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural, que
ofrece múltiples oportunidades de desarrollo mediante el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad
ambiental y la realización de actividades socioeconómicas con criterios
de competitividad y proyección regional y mundial. En razón a ello, la Política
Nacional del Ambiente se sustenta en el análisis situacional que se
sintetiza a continuación:
1. El Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del
mundo, por su gran variedad genética, especies de flora y fauna y ecosistemas
continentales y marítimos. Con alrededor de 25 000 especies de
flora, es el quinto país en número de especies (10% del total mundial), de
las cuales 30% son endémicas; posee numerosas plantas de propiedades
conocidas y utilizadas (4 400 especies); posee numerosas especies
domesticadas nativas (182), es el segundo en especies de aves (1 816
especies), y es tercero en especies de anfibios (408 especies) y mamíferos
(462 especies). Asimismo, cuenta con cerca de 2 000 especies de
peces (10% del total mundial) y con 36 de las 83 especies de cetáceos
del mundo; y es considerado centro de origen por su diversidad genética.
Posee 11 ecorregiones, 28 de los 32 tipos de clima y 84 de las 117 zonas
de vida del mundo.
2. En el país existen al menos 66 millones de hectáreas de bosques,
es el noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee
el 13% de los bosques amazónicos. Tiene 7.6 millones de hectáreas de
tierras con aptitud para la agricultura, 17 millones para pastos, 55.2
millones de hectáreas de tierras de protección y más de 18 millones de
hectáreas en áreas naturales protegidas. Si bien existen 12 000 lagos y
lagunas y 77 600 m3 de agua/habitante; sin embargo, el recurso hídrico
se distribuye de manera muy heterogénea en el territorio nacional,
mientras que en la Costa sólo se dispone del 2% del agua, ahí se localiza
el 55% de la población; en tanto la Selva dispone el 98% del agua, sólo
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mantiene el 14% de la población nacional. Se estima que el consumo
nacional de aguas superficiales es de 20 mil millones de m3/año.
3. En tal sentido, existe una importante capacidad y gran potencial para
el desarrollo de la agricultura, agroindustria, pesquería, acuicultura, industrias
hidrocarburíferas y minero-metalúrgicas, turismo, producción de
biocombustibles y energías alternativas; además de otras actividades
económicas importantes. Sin embargo, a pesar de la dotación de recursos
que dispone el país y los diversos esfuerzos desarrollados para su
aprovechamiento sostenible en los últimos años, el deterioro de los recursos
naturales, la pérdida de diversidad biológica y la afectación de la
calidad ambiental constituyen una importante preocupación. Asimismo,
subsisten importantes retos como el control de la deforestación, dado
que la tala, extracción y comercio ilegal ya han ocasionado la pérdida de
más de 10 millones de hectáreas de bosques.
4. La calidad ambiental ha sido afectada por el desarrollo de actividades
extractivas, productivas y de servicios sin medidas adecuadas de manejo
ambiental, una limitada ciudadanía ambiental y otras acciones que se
reflejan en la contaminación del agua, del aire y del suelo. El deterioro de
la calidad del agua es uno de los problemas más graves del país. Entre
sus principales causas están los vertimientos industriales y domésticos
sin tratamiento (el 70% de los vertimientos domésticos no son tratados y
sólo en Lima se vierten al menos 400 millones de m3/anuales de aguas
servidas al mar), así como el uso indiscriminado de agroquímicos, el de
insumos químicos en la producción de drogas ilegales y en la minería
informal. La contaminación del aire también presenta retos importantes,
sobre todo en los lugares con alta concentración del parque automotor e
industrias fuertemente impactantes. En las zonas rurales existen serios
problemas de contaminación intradomiciliaria, sobre todo por las prácticas
inadecuadas en el uso de la leña, la bosta y otros combustibles.
Se estima que el 81% de residuos sólidos no son conducidos a rellenos
sanitarios. En Lima se cuenta con 5 rellenos sanitarios y 6 en el resto del
país, además de numerosos botaderos informales. Otros problemas relevantes,
son el inadecuado manejo de los residuos peligrosos industriales
y urbanos y la existencia de un gran número de pasivos ambientales.
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5. El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990, constituyó
un hito a partir del cual se fortaleció el marco normativo e institucional
en materia ambiental, contando inicialmente con autoridades ambientales
sectoriales y una autoridad coordinadora, el Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM), establecido en 1994. Posteriormente se crearon
Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en los gobiernos
regionales, que se sumaron a las unidades ambientales de algunas
municipalidades. Luego de promulgada la Ley General del Ambiente
en 2005, que derogó el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
en 2008 se crea el Ministerio del Ambiente - MINAM, que incorpora
al Consejo Nacional del Ambiente, a la Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas - INRENA, y adscribe al Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú - SENAMHI, al Instituto Geofísico del Perú - IGP, al
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, y al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y al Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, configurándose de esta forma el
Sector Ambiental. Como parte del fortalecimiento de la institucionalidad,
se viene actualizando el marco normativo para un mejor desempeño de
los organismos ambientales del Estado, en los tres niveles de gobierno,
los cuales integran el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
No obstante, persisten retos relacionados al desarrollo de capacidades y
limitados recursos humanos y financieros; así como para el ejercicio de las
competencias públicas, la prevención de controversias y el efectivo cumplimiento
de los mandatos legales. Esto obliga a un importante esfuerzo
de coordinación interinstitucional, a la descentralización y la búsqueda
de sinergias entre las autoridades, el sector privado y la sociedad civil; a
la gestión de la información, la investigación científica y tecnológica, así
como a la consolidación de los instrumentos de gestión ambiental.
6. El ciudadano ejerce un rol central en la gestión ambiental. El crecimiento
poblacional anual se estima en 1.6% y la densidad demográfica
en 17.6 hab/km2. Cerca del 70% de la población peruana vive en ambientes
urbanos que crecen en forma acelerada y poco planificada. Además
de contaminación, hay un alto déficit de áreas verdes y recreativas, desnutrición,
debilidad del sistema educativo y pobreza.
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7. El Perú es un país pluricultural, con más de 14 familias etnolingüísticas,
y 72 grupos étnicos. Las culturas aborígenes son centros importantes
de conocimientos tradicionales y forman parte del acervo de ciencia
y tecnología del país y del mundo. La legislación peruana reconoce los
derechos de acceso a la información, participación ciudadana, justicia
ambiental, y la no discriminación por raza, sexo, condición socioeconómica,
entre otros; sin embargo, son pocos y dispares los avances en su
efectiva implementación.
8. Otra de las causas del deterioro ambiental en el Perú es la pobreza
existente en los ámbitos urbanos y rurales, la cual ejerce presión sobre
los recursos naturales y el ambiente e impacta sobre la salud y la calidad
de vida. El acelerado y desorganizado crecimiento urbano está relacionado
con los problemas vinculados a la pobreza rural, y que se manifiesta
en severos problemas ambientales en las zonas urbanas, donde vive el
76% de la población peruana. Una adecuada gestión ambiental deberá
tener entre sus objetivos contribuir a la superación de la pobreza y a mejorar
las condiciones de vida de los más pobres.
9. Tomando en cuenta las potencialidades y la situación ambiental del
país, el Estado Peruano ha ratificado tratados internacionales multilaterales,
regionales y bilaterales que establecen importantes compromisos
y oportunidades para la gestión ambiental y la competitividad del país.
Asimismo, participa en diversos foros para la definición de políticas públicas
ambientales internacionales y, como parte de una estrategia de
integración, viene negociando una serie de tratados de libre comercio
que deben contribuir a impulsar el desarrollo económico.
10. El Perú dispone de un importante capital natural para la provisión
de servicios ambientales incluyendo el patrimonio forestal y los recursos
marinos, que albergan importantes fuentes de diversidad biológica
(más del 50% de la biodiversidad del planeta) y recursos genéticos, que
también constituyen importantes sumideros de carbono. Por otra parte
la Amazonía posee un importante patrimonio forestal y una altísima diversidad
biológica, y es el hábitat de pueblos indígenas con importantes
conocimientos tradicionales en el manejo de la biodiversidad.
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11. El cambio climático, la disminución de bosques, la pérdida de diversidad
biológica, la creciente escasez de agua y la gestión limitada de las
sustancias químicas y materiales peligrosos, son algunos de los problemas
globales que se encuentran bajo normas y tratados internacionales
cuyo cumplimiento nacional es necesario impulsar desde el Estado.
Asimismo, es importante afianzar la integración comercial, homogenizando
criterios y estándares para lograr una gestión ambiental sostenible
y mejorar la competitividad comercial, aprovechando las oportunidades
ambientales internacionales.
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3. PRINCIPIOS
La Política Nacional del Ambiente se sustenta en los principios contenidos
en la Ley General del Ambiente y adicionalmente en los siguientes
principios:
1. Transectorialidad. El carácter transectorial de la gestión ambiental
implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias
ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial,
regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas,
armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados.
2. Análisis costo - beneficio. Las acciones públicas deben considerar el
análisis entre los recursos a invertir y los retornos sociales, ambientales
y económicos esperados.
3. Competitividad. Las acciones públicas en materia ambiental deben
contribuir a mejorar la competitividad del país en el marco del desarrollo
socioeconómico y la protección del interés público.
4. Gestión por resultados. Las acciones públicas deben orientarse a una
gestión por resultados e incluir mecanismos de incentivo y sanción para
asegurar el adecuado cumplimiento de los resultados esperados.
5. Seguridad jurídica. Las acciones públicas deben sustentarse en normas
y criterios claros, coherentes y consistentes en el tiempo, a fin de
asegurar la predictibilidad, confianza y gradualismo de la gestión pública
en materia ambiental.
6. Mejora continua. La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo
plazo que debe alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, dinámicos
y permanentes, que generen mejoras incrementales.
7. Cooperación público-privada. Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos
entre las acciones públicas y las del sector privado, incluyendo
a la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y compartir responsabilidades
en la gestión ambiental.
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4. OBJETIVOS
Objetivo general
De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente,
el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de
vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables,
viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del
país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y
sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el
respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Objetivos específicos
1. Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la
gestión integral de los recursos naturales.
2. Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo
integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando
ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de
los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente.
3. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio
del Ambiente, articulando e integrando las acciones transectoriales en
materia ambiental.
4. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país,
en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.
5. Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público
y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas
y ambientales nacionales e internacionales.
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